LA ENAJENACIÓN DE LAS TIERRAS FISCALES EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

 

El auge económico de la Argentina en la década de 1880 apresuró la enajenación de tierras fiscales. Inversores extranjeros e intereses especulativos adquirieron enormes extensiones de tierra recientemente conquistada a los indígenas, incluido el Chaco santafesino.

Hacia fines del siglo XIX las autoridades nacionales y provinciales ya habían perdido las condiciones de formular políticas de tierras adecuadas a las necesidades del inmigrantes y pequeño agricultor, principalmente por dos razones: los gobiernos ya no poseían tierras en las zonas agrícolas, y la rápida valorización de la pampa como región productiva cerró la compra de propiedades rurales a quienes no estuvieran a la altura de los precios fijados por los terratenientes.

De esta manera, fueron los inversionistas de las ciudades, la élite dirigente de santa Fe y Rosario, los únicos posibilitados de comprar subdivisiones de latifundios, para luego arrendarlas a pequeños productores inmigrantes y formar colonias.

Por otro lado, el crecimiento institucional de la administración en tiempos del galvismo y la necesidad de cumplir con el pago de intereses de empréstitos adquiridos y la realización de obras públicas obligaron al gobierno provincial a desprenderse indiscriminadamente de grandes extensiones de tierras, sin fijar condiciones para su explotación y poblamiento.

Desde el gobierno no se alteró esta situación que beneficiaba, en general, al esquema de desarrollo productivo de la Argentina y, en particular, a muchos de sus hombres (del gobierno).

En 1876 se sancionó la primera legislación de tierras nacionales, que tuvo vigencia durante todo el período conservador, y se creó la Oficina de Tierras y Colonias, con la finalidad de facilitar los proyectos de colonización y solicitar de las provincias la cesión de tierras a la nación para su posterior colonización.

Por su parte, la legislatura de la provincia de Buenos Aires dictó su ley general de tierras públicas, dos años más tarde, y la de Santa Fe en 1884.

Las investigaciones efectuadas por el profesor Oscar L. Ensinck al respecto demuestran que el gobierno de la provincia de Santa Fe repartió con exceso la tierra pública, desprendiéndose en condiciones deficientes u onerosas de grandes extensiones de territorio, influyendo en esta situación la siempre angustiosa condición del erario.

La evolución del Departamento Topográfico de Santa Fe, demuestra el grado de atención del Estado frente a esta delicada cuestión.

En 1883, el vicegobernador Pujato definió a la mencionada repartición como "deficiente", a pesar de la laboriosidad de sus hombres. Esta oficina debía ocuparse de los informes que le solicitaba el gobierno, las municipalidades o tribunales de justicia sobre asuntos de tierras, la toma de razón de los títulos de propiedades, la inspección de puentes y caminos, la confección de un plano gráfico de la provincia, entre otras funciones.

El local de la oficina, reducido e incómodo, estaba lejos de llenar las necesidades de una repartición en continuo crecimiento. En 1869, los empleados del Departamento Topográfico eran cinco: un presidente, dos ingenieros, un secretario y un portero.

Catorce años después, en 1883, lapso en el cual la provincia había dado saltos hacia adelante en su estructura productiva y demográfica, el Departamento estaba integrado por apenas cinco empleados más.

Al año siguiente, el gobernador Zavalla reiteró conceptos de Pujato: 

"El Departamento no llena satisfactoriamente los fines de su creación. Su organización es mala y carece de personal científico necesario para la ejecución de trabajos que ya son indispensables".

Tan categórica y elocuente definición explica el porqué, hasta ese entonces, no se había podido efectuar un "plano catastral", que era de extrema necesidad para una provincia en pleno proceso de crecimiento demográfico y económico.

El Departamento tuvo una función pasiva, a la espera de la buena voluntad de aquellos particulares que, haciendo sus mensuras por requerimiento judiciales o administrativos, "quisieran" comunicarlas a la repartición.

El canónigo Zavalla también reconoció que la necesidad del catastro era cada día mayor por el incremento de la propiedad raíz y la subdivisión que en ella se operaba diariamente.

Las avaluaciones del impuesto de Contribución Directa, efectuadas sin tener por base un catastro, afectaban su regularización, proporcionalidad y buena percepción. El gobierno provincial no disponía de un conocimiento real de la subdivisión de la tierra operada en su territorio.

Además, Santa Fe, en 1884, aún se encontraba delimitando sus fronteras con las provincias de Córdoba y Buenos Aires, estableciendo los mojones; mientras que con la de Santiago del Estero ni siquiera se había avanzado en un acuerdo limítrofe. Lo mismo ocurría en la frontera norte, confiándose en que el Gobierno Nacional reconocería la jurisdicción establecida por el acta de fundación de la ciudad de Garay.

Al momento de asumir Gálvez la gobernación, las dificultades provenientes de la escasez de tierra pública eran notorias; el Departamento Topográfico tenía una organización muy rudimentaria, y no se había consolidado la seguridad en las fronteras internas.

Miguel A. De Marco (h): EL CONTRALOR DEL ESTADO EN LA TRANSFORMACIÓN ARGENTINA